Sociedad y Política

Bajo el yugo del pasado

Foto: Flickr/Danielle Lupin

Que el Congreso tenga oídos sordos y que se muestre tan poco comprometido con los derechos de las mujeres a brindar las condiciones necesarias para un aborto legal y seguro, es sólo la punta de este iceberg de irresponsabilidad legislativa en la que actualmente vivimos.

por Cristian Velázquez

En México, el delito de aborto se encuentra tipificado desde que se expidió el primer Código Penal a nivel federal en el año 1871. Hoy por hoy, éste tipo penal se encuentra regulado dentro del capítulo VI del Código Penal Federal y castiga no sólo a quien haga abortar a una mujer, sino también a ella misma siempre y cuando procure o consienta en que otro la haga abortar.

Dentro del ordenamiento en cita (esto es, en materia penal federal), se dice explícitamente que “Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Por otra parte, en materia administrativa federal, la NOM-007-SSA2-1993 define al aborto como “expulsión del producto de la concepción de menos de 500 gramos de peso o hasta 20 semanas de gestación”. De igual manera, la NOM-046-SSA2-2005 apunta que el aborto médico [la] es terminación del embarazo realizada por personal médico, en los términos y plazos permitidos de acuerdo con la legislación local aplicable y previo cumplimiento de los requisitos específicos establecidos en ésta”.

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Todo lo anterior cobra relevancia ya que denota que en nuestro país existe un amplio ordenamiento que define, regula y en algunos casos sanciona el aborto.

Ahora bien, no pretendo hacer novedoso el hecho de que uno de los temas principales a tratar por aquellas mujeres que viven en pos de terminar con el paternalismo innecesario del Estado, está lo que ha quedado bajo la frase “aborto legal y seguro”.

Este tema se ha elevado hasta nuestra Suprema Corte en varias ocasiones (el último y más sonado fue el amparo en revisión 636/2019, relativo al código penal para el estado de Veracruz; pero también tenemos la A.I. 146/2007 y 147/2007, el Amparo en Revisión 601/2017 y otros tantos); en resumen, en sede judicial es algo sobre lo que se ha hablado en varias ocasiones.

Sin embargo, ¿qué hay de la sede legislativa? Han existido pronunciamientos, cabildeos informales, promesas de campaña; pero en realidad, poco o nada se ha hecho para abordar este tema de manera efectiva (al menos a nivel Federal) ¿Por qué?

Al abordar la teoría constitucional, podemos hablar de “la dictadura de los muertos” para referirnos a la autoridad que ejercen sobre nosotros (los vivos) las decisiones tomadas por generaciones pasadas, mismas que están presentes en las leyes que nos rigen y que, al parecer, nos encontramos imposibilitados para cambiar.

Por otra parte, dentro de la teoría normativa se aduce que el ordenamiento legal debe tener ciertas características para ser “óptimo”: eficiencia, efectividad, eficacia e integridad. La integridad es el tema más interesante, al sostener que el derecho es un conjunto de directrices y principios y que una decisión pública sólo es legítima cuando ésta respeta el “principio de coherencia”.

Continuando con lo anterior, la integridad advierte que si bien es cierto las leyes diversificadas, es decir, aquellas que atienden al pluralismo ideológico, son más equitativas que las unificadas, también lo es que el Estado debe responder a una concepción coherente de justicia y moral pública, exigiéndole a la sociedad que se comporte como una persona de moral íntegra.

¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que a la sociedad, personificada como una única persona moral, debe preguntársele cuáles son sus principios o, mejor aún, cuál es la estructura coherente de los principios que mejor justificarían sus decisiones y posteriormente se le exige que se muestre fiel a ésta estructura. No es sino hasta que se presentan razones (suficientemente válidas) para decidir en otro sentido al previamente determinado, que se podrá caminar hacia otra dirección.

Los últimos párrafos pueden resumirse en un término: anacronismo legislativo/normativo. Las leyes no se modifican porque tenemos que seguir siendo “coherentes” a los principios que esa “persona moral” adoptó varias generaciones atrás. Estamos bajo el yugo del pasado.

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El Poder Legislativo, sin duda alguna, ha dado vista gorda a las exigencias sociales actuales y ha dejado en manos del activismo judicial la definición de los derechos que, en principio, le correspondían al cuerpo representativo de la sociedad definir y, de ser el caso, extender. Pareciera que nuestros derechos descansan en la mutación constitucional, es decir, en aquél cambio de normas fundamentales que se da no por la modificación formal del texto de la Constitución, sino a través de la interpretación de sus disposiciones que lleva a cabo el poder judicial.

Que el Congreso tenga oídos sordos y que se muestre tan poco comprometido con los derechos de las mujeres a brindar las condiciones necesarias para un aborto legal y seguro, es sólo la punta de este iceberg de irresponsabilidad legislativa en la que actualmente vivimos.

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