Sociedad y Política

La arrogancia de sentirse autónomo

por Cristian Velázquez

El primer organismo autónomo del que conoce la historia mexicana es la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya autonomía data de 1980. Posteriormente, en 1993 se dotó de autonomía al Banco de México y, a partir de 1996, la autonomía fue una característica que empezó a atribuírsele a determinados organismos con funciones sociales relevantes. Así, en 1996 se incorporaron IFE y, posteriormente, en 1999, la CNDH, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¿Existe una diferencia entre autonomía e independencia? El diccionario de la RAE señala que la autonomía es “la potestad que dentro de un Estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades, para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios”. La independencia, por su parte, es aquello de lo que goza alguien independiente, siendo este último quien no tiene dependencia, que no depende de otro.

Más allá de una diferencia semántica, la autonomía y la independencia, en el derecho, se diferencia al medir la influencia que puede tener determinado sujeto (el presidente) sobre otro sujeto (un organismo).

En abstracto, podríamos decir que todo organismo autónomo se sustrae de la influencia administrativa, judicial y/o legislativa. Dicho ente se encuentra dotado de una autonomía tanto funcional como financiera, teniendo la capacidad, entre otras cosas, de hacerse su propio presupuesto y, digamos, de obrar como mejor le parezca (conforme a la ley).

“El Instituto Federal de Telecomunicaciones, un organismo constitucional autónomo de carácter regulador, tiene expeditas facultades de imponer medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia”

Sin embargo, Sunstein y Vermeule acertadamente señalan que, si bien algunas agencias son independientes del presidente, en el sentido de que sus miembros sólo pueden ser removidos por alguna causa y no discrecionalmente (como pasa con los secretarixs de Estado), también lo es de que “estas agencias independientes no son todas independientes”, toda vez que al ser sus directivos nombrados por el presidente, las políticas que estos creen generalmente compartirán/expresarán las ideas de este último.

Aterricemos lo anterior: el Instituto Federal de Telecomunicaciones, un organismo constitucional autónomo de carácter regulador, tiene expeditas facultades de imponer medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia en el sector de radiodisufión y de telecomunicaciones. La autonomía de este se ve reflejada ya que en la imposición de tales medidas no puede intervenir (en abstracto) el presidente; es decir, no puede dar una opinión que influya en el sentido del fallo, mucho menos alegar insubordinación.

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Cosa diferente ocurre en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyo titular fue nombrado por el mismo Ejecutivo y, en todo caso, habrán de adoptar las medidas necesarias para que su política pública se armonice con los deseos y visiones presidenciales, so pena de que el Secretario en turno sea sustraído del cargo.

Cabe mencionar otra característica interesante es que la autonomía sólo puede ser dotada por la propia Constitución y no por una ley secundaria. Tan así, que la SCJN únicamente reconoce como Organismo Constitucional Autónomo (OCA) a aquellos que han sido establecidos y configurados directamente en la Constitución (P./J. 12/2008).

Asimismo, la Corte ha partido de que estos Organismos surgen bajo una idea de equilibro constitucional, basada en los controles de poder, evolucionado así la teoría tradicional de la división de poderes, dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales, lo que implica una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado (P./j. 20/2007).

¿La existencia de los OCAs representa, por sí misma, un cáncer que debe extirparse del Estado Constitucional Mexicano? La respuesta depende desde la perspectiva en que se analice. La problemática actual, a raíz de la crisis financiera y económica por la que atraviesa el país, sugiere que no es conveniente tener organismos que puedan proponer su propio presupuesto.

Sin embargo, esta idea raya en lo absurdo cuando se contrasta con las funciones técnicas y especializadas que realizan determinados Organismos y que no pueden incorporarse tan a la ligera a las atribuciones de una Secretaría estatal, que ya de por si tiene demasiadas facultades y organismos desconcentrados.

“Otra problemática, sin duda alguna, sería ese horrible (y al parecer inevitable) retorno a la centralización del poder público, en donde el Ejecutivo Federal logra tener un control pleno en los sectores relevantes de la sociedad, dotándole de un poder titánico”

Se sobrepondría, pues, un interés económico presupuestal sobre las necesidades de los administrados. Se privilegiaría ahorrar dinero y se socavaría el acceso de los gobernados a instancias que de manera expedita atiendan a sus intereses jurídicos/legítimos.

Otra problemática, sin duda alguna, sería ese horrible (y al parecer inevitable) retorno a la centralización del poder público, en donde el Ejecutivo Federal logra tener un control pleno en los sectores relevantes de la sociedad, dotándole de un poder titánico. De ahí que los OCAs funjan como equilibradores del poder estatal y su desaparición conlleve a una acumulación inaudita de poder discrecional.

La reflexión es la siguiente: “La alternativa no es reducir el Estado, sino mejorarlo. La mejoría de su funcionamiento no solamente brinda mejores condiciones para el mercado, sino para la utilización de los recursos fiscales. El mercado y el desarrollo requieren un buen Estado”. -José Roldán Xopa. (La ordenación constitucional de la economía). 2018. México: FCE.

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