Sociedad y Política

Los Intocables

por Cristian Velázquez

“El Senado aprobó la reforma más trascendente al PJF desde 1994. Robustece a la SCJN como tribunal constitucional, la carrera judicial y la defensoría pública”, tuiteó el Ministro Presidente Zaldívar.

Desde cambios orgánicos hasta una redistribución de competencias materiales, sin duda alguna la reforma venidera puede catalogarse como ambiciosa, y quizás sea el inicio de una nueva época, tanto para el Poder Judicial de la Federación como para el país en general. 

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En efecto, el autoproclamarse como un auténtico Tribunal Constitucional, a la par de que se robustece a la tan olvidada defensoría pública, conllevará (si todo sale bien) a garantizar la tutela judicial efectiva, de una vez y por todas.

¿Qué hay con la carrera judicial? Este no es un término novedoso, cualquier servidor público con funciones jurisdiccionales y aún los estudiantes de derecho en las aulas saben que existe un camino a seguir, una carrera, diversos escalones que debemos de subir dentro de nuestra función como operadores del derecho en un tribunal.

Sin embargo, por primera vez ésta institución (por llamarle de alguna manera) se encontrará regulada por una ley propia que enumera cada una de las categorías que la integran, teniendo como base de la raíz al puesto de Oficial Judicial y como tope al Magistradx de Circuito.

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Entonces surge la siguiente pregunta: ¿Ser Magistradx de Circuito es, en realidad, la cresta de mi carrera judicial? La respuesta es: no. Tan así que, como acertadamente lo dice Luis Hdz. Macías, en el imaginario colectivo de la judicatura federal existe la idea de que el cargo de Ministro es, en realidad, el último peldaño de la carrera judicial.

La diferencia entre un Magistradx y un Ministrx es diáfana: uno es integrante de un Tribunal y el otro de una Sala (en la SCJN). El primero es electo por medio de un concurso de oposición y el segundo es propuesto directamente por el Ejecutivo Federal y designado por el Senado. Uno es parte de la carrera judicial y el otro, evidentemente, no. Y es justamente en este último punto en donde radica todo.

No obstante que uno de los ejes rectores del discurso del actual Ministro Presidente es la búsqueda y consolidación de la independencia del Poder Judicial, queda la incógnita del por qué, ante una reforma tan ambiciosa, se dijo poco (o en realidad nada) respecto a pasar del modelo que tenemos, en lo referente a la elección de los que presiden nuestro Alto Tribunal, a uno que sea formado por y para la judicatura en si misma.

Cabe señalar que las cosas no siempre fueron así, la designación de los ministros ha tenido cambios radicales a lo largo de las constituciones de 1824, 1857 y 1917; pasando desde ministros propuestos por las legislaturas de los estados y evaluados únicamente por una comisión ad hoc reunida por la Cámara de Diputados (1824); de una elección indirecta en primer grado (1857), hacia una elección monopolizada por el Congreso de la Unión constituido como colegio electoral (1917); y siendo hasta aproximadamente 1927 que el expresidente Álvaro Obregón modificó la constitución para abrirle lugar al sistema de elección que actualmente tenemos, en aras de “corregir el mal de la creación de ministros ineptos” provocado por los modelos anteriores.

Hay un punto clave en toda esta breve relatoría histórica y es que en los diálogos parlamentarios de los que hay registro, siempre existió cierta oposición a dejar que el Ejecutivo tuviera intervención en el proceso de integración de la Corte, al considerar que esto atentaría contra la independencia del Poder Judicial ya que “a él (al Presidente) le deberían (los ministros) de una manera precisa y única su nombramiento”.

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De cierta manera, los temores son fundados. El que el Presidente tenga injerencia en la corte, sin duda alguna ha propiciado fallos llenos de argumentos tan tergiversados que le escupen a la lógica jurídica en la cara y mueven la balanza a favor de lo político y no hacia al derecho. Existen inclusive países en donde es evidente que el ejecutivo federal únicamente selecciona jueces que apoyarán sus posturas o políticas públicas, en caso de llegar a ser controvertidas estas en la corte.

Por otra parte, en países con tribunales considerados de alto nivel, por ejemplo Colombia, los Magistrados son electos por la misma Corte Suprema de Justicia. En Italia existe una participación que involucra a los tres poderes, otorgándole participación en la integración del Tribunal Constitucional a las supremas magistraturas. Caso similar pasa en España.

Luego entonces, se advierte que el sistema actual no es el único infalible o al que hay que acoplarnos por el resto de nuestra vida como país; se puede apuntar a la integración de una Corte que no esté supeditada únicamente a la terna ejecutiva, sino también a propuestas judiciales.

En este sentido, creo que la reforma pasó por alto que la SCJN no es un pedestal ajeno a cualquier Juez o Magistrado, sino un lugar al que se debería de poder acceder a través de la misma carrera judicial, sin depender directamente de un mérito político.

Desde un inicio el Poder Judicial nació independiente, pero se ha visto vinculado en mayor o menor medida con otros poderes, menos con el que él mismo ejerce. Se debe de buscar una judicatura por y para la judicatura.

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