Sociedad y Política

Pin Parental: un retroceso aceptado

El pasado 20 de enero de 2020, el diputado del Partido Encuentro Social (PES), Juan Carlos Leal Segovia, presentó ante la Cámara de Diputados de Nuevo León, una iniciativa de reforma a la Ley de Educación con lo que pretendía llamar “Pin Parental”.

En la citada iniciativa, el diputado pretendía reformar por adición la fracción IV del artículo 92 con la finalidad de que los directivos de las instituciones de educación privada y pública rindieran informes a los padres de familia sobre las actividades extracurriculares, talleres, pláticas, o programas educativos desde el inicio del curso escolar con la finalidad de ejercer control sobre los temas relacionados a la educación con perspectiva de género, así como de los derechos sexuales y reproductivos (derechos ya reconocidos ampliamente por la comunidad internacional e incluso con existencia de criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación).

La reforma no comprende los principios rectores de los derechos humanos, esto es, universalidad, progresividad, interdependencia e inalienabilidad y, aunado a ello, en todo el cuerpo del texto se desconoce que los niños son sujetos de derecho

De igual forma, la iniciativa pretende denotar, con una nula interpretación de la norma y bloque de derechos, que los padres tienen el derecho preferencial de elegir el tipo de educación de sus hijos, basando dicha aseveración en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dejando a un lado el resto de los artículos, donde en específico, el artículo 30 establece que ninguno de sus artículos confiere derecho alguno al Estado o a un grupo de personas para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en la misma Declaración, tales como el derecho a recibir información y educación que favorezca el libre desarrollo de la personalidad. Lo anterior sin contar la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Asimismo, la reforma no comprende los principios rectores de los derechos humanos, esto es, universalidad, progresividad, interdependencia e inalienabilidad y, aunado a ello, en todo el cuerpo del texto se desconoce que los niños son sujetos de derecho, no objeto de protección, donde los padres, tutores y el mismo Estado, no deben tener una visión tutelar de derechos para la protección del menor, sino que deben contar con una visión garantista de derechos humanos, lo que incluye contar con el acceso a la educación sexual integral para su libre desarrollo.

La pregunta que deberíamos estarnos formulando al leer iniciativas que atentan directamente sobre la esfera de derechos de los menores es: ¿qué pasa si…?, ¿qué pasa si los niños desconocen sus derechos sexuales y reproductivos? ¿qué pasa si mis hijos desconocen los tipos de violencia de género a los que están expuestos? ¿qué pasa si mi propio hijo es quien perpetra actos violentos, discriminatorios y racistas en contra de los demás?

Lejos de ser una iniciativa garantista, es peligrosa. México encabeza la lista entre los países con embarazo adolescente, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años, ocurriendo 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años, según datos del Instituto Nacional de las Mujeres, por lo que plantear la idea de erradicar la educación sexual integral, no es una opción.

De igual forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su jurisprudencia de rubro “ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.” denota como derecho humano la impartición de justicia con perspectiva de género, esto es, diferenciar y emplear metodología que indique al juzgador la forma de velar por los derechos dentro del proceso jurisdiccional contemplando estereotipos por razones de género y cómo estos permean la violencia en las dinámicas sociales.

Entonces, lejos de brindar una protección efectiva a los menores de edad, se está restringiendo el derecho al acceso a la justicia y el debido proceso, se propician los espacios de intolerancia y discursos de odio y no se reconoce que existe un fenómeno de violencia sexual y desinformación en el país.

El controversial #AMisHijosLosEducoYo, representa no solo a un grupo inconforme que desconoce el contexto real en el que los menores de 18 años se desarrollan, sino que, consciente o inconscientemente, es la aceptación expresa del retroceso.

Texto de María Fernanda Santos de la Rosa

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