Sociedad y Política

Ley de Amnistía: ¿para todos?

Fer de la Rosa

El pasado 18 de septiembre de 2019 fue presentada por el presidente de la Cámara de Diputados la iniciativa de proyecto de Ley de Amnistía. Dicho proyecto prevé 8 artículos consistentes en enunciar los delitos de fuero federal y supuestos por los cuales, las personas privadas de la libertad podrían salir de las cárceles y reinsertarse en la vida en sociedad.

El objeto de la citada ley encuentra sus antecedentes en las anteriormente publicadas leyes de amnistía de 1978 por los actos ocurridos en la llamada “Guerra sucia” y en 1994 por los hechos suscitados en diversos municipios de Chiapas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Se establece que las solicitudes de amnistía podrán ser presentadas a petición de parte u oficio, donde las asociaciones de defensa de los derechos humanos son un eslabón clave para que los fines primordiales de la ley sean llevados a cabo

Los delitos contemplados que podrían encontrarse en la hipótesis de alcanzar la libertad, son el delito de aborto en cualquiera de sus modalidades para la madre y las personas del equipo médico o parteras que hayan participado con el consentimiento previo, cualquier delito cometido por personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas que durante el proceso no hayan contado con una defensa integral así como la falta de intérpretes. Por el delito de robo simple sin violencia  que no amerite pena privativa de libertad de más de cuatro años. Por el delito de sedición donde no se hayan llevado a cabo delitos de lesiones o privaciones de la vida ni terrorismo y delitos contra la salud cometidos por personas en situación de vulnerabilidad, extrema pobreza, discriminación y personas consumidoras de narcóticos siempre y cuando la cantidad poseída no exceda a dos tantos de la dosis señaladas en la ley sin  fines de venta o distribución.

De igual manera, se establece que las solicitudes de amnistía podrán ser presentadas a petición de parte u oficio, donde las asociaciones de defensa de los derechos humanos son un eslabón clave para que los fines primordiales de la ley sean llevados a cabo con atención a lo fijado en la Ley General de Víctimas.

En ese sentido, la visión garantista de derechos humanos con atención al derecho al debido proceso e igualdad ante la ley, serán los principios rectores a considerar cuando sea turno de la Cámara de Senadores para que delibere si la sociedad mexicana y sus órganos de gobierno se encuentran listos para dejar atrás el mito de la efectividad del castigo carcelario: el populismo penitenciario.

El populismo penitenciario ha sido abordado ampliamente por defensores de derechos humanos, donde Paola Zavala Saeb, ex Directora General del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México, expone en su columna para Animal Político “Populismo penal: la injusticia perpetua” que la sociedad ha sido educada para comprender que no existe otro tipo de justicia más que la cárcel. No existe una cultura de reinserción y mucho menos de prevención por parte del Estado.

Tomando en consideración la comodidad de la Fiscalía y la aceptación de los mexicanos ante violaciones a derechos humanos en el sistema penitenciario, hablar de una ley que probablemente pueda acercarnos cada vez más al sentido de justicia integral, es muy complicado. Para ello, se necesita la comprensión de las obligaciones del Estado y la garantía de no repetición para reintegrar a la comunidad a personas privadas de la libertad que no signifiquen un riesgo para las víctimas.

De igual forma, necesitamos realizar el ejercicio de comprender que hay víctimas en la población carcelaria que en este momento están cumpliendo una condena y, por ende, su reclusión significa una revictimización, tal como fue el caso de Jacinta, Teresa y Alberta.

Ahora bien, los 8 artículos contenidos en la iniciativa de ley fungen como un buen primer ejercicio de derechos humanos, pero, aún dista de ser una herramienta completa para garantizar el principio de progresividad e igualdad ante la ley. El primer paso sería agregar al catálogo de delitos susceptibles de amnistía los cometidos por defensores de derechos humanos y periodistas, así como la eliminación del concepto de “delitos graves” y los contenidos en el artículo 19 de la Constitución para decretar la prisión preventiva, tal como lo expone la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en sus observaciones preliminares de la iniciativa de Ley de Amnistía publicada en octubre 2019.

Hablar de una ley que probablemente pueda acercarnos cada vez más al sentido de justicia integral, es muy complicado

Los delitos enlistados en la iniciativa de ley rompen los estigmas sociales de los derechos reproductivos de la mujer, la condición de extrema pobreza y discriminación de sectores de la población que ha sido criminalizada y el derecho de oposición al gobierno. Conceder la amnistía y conseguir la libertad para dichos casos, trae consigo una potencial eliminación de la sobrepoblación de las prisiones y el ejercicio de una verdadera democracia que contemple a la población carcelaria como mexicanos y se detenga la criminalización de los menos privilegiados.

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