Ciencia y Tecnología

Una decisión con riesgos: Entre la economía, la salud y la libertad

Ruth Guerra y Judith Romero

Ruth es Médico, especialista en sexología y Mtra. en sexología Clínica  con experiencia en investigación clínica, atención sexológica, regulación sanitaria, administración médica y medicina ocupacional. Judith es maestra en Gestión de Recursos Biológicos (UJAÉN) y Politóloga (UNADM) especializada en Desarrollo, Evaluación de Políticas y Programas Públicos.

¿Qué pasaría si un día despertaras y otra persona tuviera que tomar todas las decisiones a tu nombre sin consultarte?

Nosotras sentiríamos molestia y miedo respectivamente. Nos sorprendió saber que existen personas que viven este tipo de situaciones a través de un mecanismo legal llamado “juicio de interdicción” en el que las personas con discapacidad (PcD) se les asigna un tutor que tomará las decisiones por ellos.

Pero, ¿qué es un estado de interdicción?

Es y ha sido la forma en la cual el Estado ha intentado “proteger” a las PcD a lo largo de su vida adulta. Actualmente, México sigue un procedimiento inadecuado y carente de derechos humanos para las PcD, ya que quien determina la capacidad de juicio de la PcD es el médico-rehabilitador. Tras la confirmación de que la persona tiene una discapacidad, se nombra un tutor que será quien llevará a cabo todos los actos jurídicos en nombre de la PcD. Una persona en estado de interdicción no podrá decidir por contraer matrimonio, aceptar una herencia, donar órganos, ó decidir operarse para no tener hijos, entre otros.

Nos cuestionamos: ¿qué es lo que podría motivar a alguien por elegir este tipo de juicios? Un juicio en donde pierdes tu libertad.

Investigamos que una de las razones por las cuales los familiares solicitan el estado de interdicción es debido que al cumplir 18 años, dejan de ser menores de edad y por consiguiente el seguro social del tutor deja de protegerlos, salvo que sean estudiantes, en cuyo caso serán protegidos hasta los 24 años. El problema surge cuando la PcD requiere de forma regular un tratamiento médico y/o farmacológico, una de las maneras de poder continuar con la protección del seguro social es mediante el juicio de interdicción.

A pesar de que la ley prevé que el juez indique “el alcance de la capacidad” como la “extensión y límites de la tutela”, en la práctica resulta que siempre se ordena una restricción total a la capacidad jurídica. La misma medida se aplica a cualquier persona sin importar la severidad de su discapacidad o sus circunstancias particulares. Esto ha generado algunos casos de abuso, por ejemplo, existen casos donde los tutores abusan de su poder legal sobre ellos.

“Nos cuestionamos: ¿qué es lo que podría motivar a alguien por elegir este tipo de juicios? Un juicio en donde pierdes tu libertad”

Desde nuestra perspectiva, el Estado no le ha dado la atención que se merece al tema. Las pocas acciones que se han llevado a cabo no son significativas y no han ayudado en la vida de las PcD.

Nos parece urgente que el Estado asuma su responsabilidad donde se implementen medidas para erradicar el sistema del estado de interdicción y crear alguna alternativa, establecer salvaguardas y sistemas de apoyo para que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica. 

Nos es inimaginable la situación de alguna de las PcD que se ven en una situación como esta en el que tienen que decidir entre su salud, su libertad  y su economía para poder vivir en una sociedad que poco sabe sobre sus necesidades.

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