Sociedad y Política

Licencia para dialogar

Manuel Collazos

En estos momentos el sur de Perú se encuentra en una situación de tensión debido al otorgamiento de la licencia de construcción para explotar a la minera Southern Copper para el proyecto minero “Tía María”. El pasado 15 de julio inició el paro indefinido anunciado por los pobladores del Valle del Tambo en reclamo a la licencia otorgada por el Ministerio de Energía y Minas.

El proyecto minero planea explotar y procesar el cobre de los depósitos mineralizados “Tía María” y “La Tapada” que están ubicados en el distrito de Cocachacra, en la provincia de Islay, en la región de Arequipa y quedan próximos al Valle del Tambo. La inversión del proyecto asciende a 1,400 millones de dólares y se estima que tendrá cerca de 18 años de operaciones.

Esta no es la primera vez que dicho proyecto genera un ambiente de tensión en la región del sur, ya que en años anteriores hubo un conflicto similar que tuvo consecuencias lamentables.

En marzo del año 2015 se inició un paro indefinido en la provincia de Islay contra el proyecto minero que tuvo el apoyo de los alcaldes del Valle del Tambo. Dicho paro conllevo a que en mayo del mismo año el gobierno de turno presidido por Ollanta Humala decrete estado de emergencia por 60 días en toda la provincia de Islay, denunciando el uso de la violencia como mecanismo para solucionar los problemas entre los opositores al proyecto y la policía. Este anuncio llegó después de haberse registrado graves consecuencias en una serie de manifestaciones que dejaron cuatro fallecidos (tres civiles y un policía) y decenas de heridos.

Posterior a la protesta, el proyecto quedó paralizado básicamente por dos razones, una de carácter formal debido a que la empresa Southern Copper no recibió la licencia de construcción por parte del Ministerio de Energía y Minas; y la otra razón estuvo relacionada al inicio de actividades de socialización en Islay por parte de dicha corporación.

“El proyecto minero planea explotar y procesar el cobre de los depósitos mineralizados “Tía María” y “La Tapada” que están ubicados en el distrito de Cocachacra, en la provincia de Islay

Por otro lado, a pesar de los problemas sociales que existen que no son menores, es innegable que el proyecto de inversión tiene varias bondades económicas que pueden beneficiar a la región de Arequipa. De acuerdo con lo mencionado por el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, solamente en pago de impuestos el proyecto dejaría 600 millones de soles para la región de Arequipa y 3,600 puestos de trabajo en la fase de construcción.

Asimismo, según lo estimado, la producción de cobre permitiría aumentar en 720 millones de dólares al año el monto de la canasta exportadora del Perú. Así como también, la explotación del proyecto minero representaría el 6% de la producción nacional de cobre.

Adicionalmente, existen algunas posiciones distintas entre algunos actores importantes que podrían afectar la búsqueda del consenso.

El pasado viernes, el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, exhortó al presidente Martín Vizcarra anular la licencia de construcción otorgada para iniciar el diálogo. Además, el gobernador precisó que prácticamente la licencia se otorgó a espalda de los arequipeños y que la idea hubiera sido que antes de que se otorgue la licencia, se tenga un diálogo para tener la licencia social.

Por otro lado, el poder Ejecutivo está buscando fomentar la interacción con las autoridades de Islay, por lo que planea iniciar una mesa de diálogo. Para ello, el ministro Francisco Ísmodes arribó a la ciudad de Arequipa el pasado domingo para invocar al gobernador y a los alcaldes de la provincia de Islay e iniciar conversaciones para disipar las dudas respecto al proyecto cuprífero.

Por último, si bien lo que está en discusión en este momento es el otorgamiento de la licencia social, es importante mencionar que esta carece de un proceso formal y en tal sentido es necesario que el gobierno establezca lineamientos para que en futuros proyectos de inversión se sepa de antemano la agenda de las actividades que se deben realizar con las partes involucradas. Con esto quiero decir que la licencia social es un punto muy importante pero, paradójicamente, aun no existen lineamientos claros que faciliten el diálogo entre la comunidad, el gobierno y la empresa privada.

Además, pese a que existen algunas voces a favor y otras en contra del proyecto minero “Tía María”, es importante que el Estado peruano sea el mediador para demostrar su capacidad de materializar la inversión en un ambiente de armonía y respetando los estándares ambientales para que la actividad agraria no se vea afectada. Para ello es necesario que el poder ejecutivo establezca una agenda en la que se sensibilice a las personas y se explique claramente las soluciones que se proponen a cada uno de los reclamos que se recojan en las mesas de diálogo.

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