Sociedad y Política

La línea de Castañeda

Manuel Collazos

El pasado 28 de junio, la Fiscalía del Perú solicitó ante el Poder Judicial el impedimento de salida del país para el ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, por un plazo de 8 meses.

Todo esto con la finalidad de garantizar la continuidad de las investigaciones por el caso de las adendas del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla que se realizó durante la tercera gestión de Castañeda en el municipio de Lima.

La solicitud fue presentada por el fiscal Carlos Puma Quispe y también comprende al exparlamentario José Luna y a los exfuncionarios municipales, Giselle Zegarra, Jaime Villafuerte, Bruno Lucchetti y Martin Bustamante. Los cuales son investigados por el presunto delito de colusión y negación incompatible, además de lavado de activos y delitos en contra del Estado. De acuerdo con la tesis de la fiscalía, Castañeda y los otros ex-funcionarios mencionados habrían favorecido a OAS para que modifique el contrato de la concesión del Proyecto Línea Amarilla y Río Verde.

El proyecto de Línea Amarilla consistía en la construcción de un corredor vial de 9 kilómetros que uniría 11 distritos de Lima y contaba con una inversión inicial de $571 millones de dólares; y se entregó durante la segunda gestión de Castañeda al consorcio Lamsac, del cual el 99% de acciones pertenecía a la constructora brasilera OAS.

En el 2011, posterior a la segunda gestión de Castañeda, la exalcaldesa Susana Villarán firmó una adenda que modificó el contrato de Lamsac y amplió el plazo de concesión de 30 a 40 años; además de cambiarle el nombre a “Vía Parque Rímac”.

No obstante, además de la relación que mantenía OAS con la administración de Susana Villarán, José Adelmario “Leo” Pinheiro, quien en el 2014 era presidente de la constructora OAS, tenía interés en reestablecer relaciones con Castañeda que para en ese entonces se perfilaba como ganador de las elecciones municipales. Por tal motivo, de acuerdo con las declaraciones de uno de los colaboradores de la fiscalía, había una persona conocida por OAS, Giselle Zegarra, que le permitiría establecer relaciones con Castañeda. Para ello, Leo Pinheiro le ofreció a Zegarra trabajar en un proyecto para una iniciativa privada e incluso viajó a Brasil.

Zegarra había sido gerenta de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima durante las dos primeras gestiones de Castañeda. En noviembre del 2009, ella suscribió con OAS el contrato de concesión de la Línea Amarilla como representante del municipio.

“Yo le ofrecí [a Castañeda] $100 mil dólares de aporte para su campaña”.

Leo Pinheiro

Por otra parte, el pasado 26 de abril, en la sede Policial Federal de Curitiba, Leo Pinheiro confesó a los fiscales peruanos: “Yo le ofrecí [a Castañeda] $100 mil dólares de aporte para su campaña”. Según el ex-presidente de OAS, Castañeda aceptó y llamó a Martin Bustamante, ex-presidente de Emape (Empresa Municipal Administradora de Peajes del Perú) y hombre de confianza de Castañeda, quien también estuvo presente en la reunión. Esta versión fue corroborada por uno de los colaboradores quien también dio detalles sobre el aporte que se realizó.

“El señor Pinheiro comunicó a Fracassi que habló con Castañeda y que le dijo que podía aportar en la campaña, a lo que Castañeda indicó que Fracassi debía buscar al señor Martin Bustamante. El señor Fracassi se dirigió al departamento del señor Bustamante, donde Bustamante le pidió 220 mil dólares a ser entregados en dinero [efectivo]”.

Leonardo Fracassi Costa, ex director de obras de OAS, fue contactado por Pinheiro para coordinar el aporte con Bustamante.

Esta situación pone en compromiso a Luis Castañeda Lossio ya que gran parte de las declaraciones provienen de personajes importantes que estuvieron involucrados en la concesión del proyecto Línea Amarilla; así como también pone en riesgo la libertad del ex burgomaestre debido a que podría seguir los pasos de la otrora alcaldesa de Lima, Susana Villarán, que se encuentra privada de su libertad por el dictamen del Poder Judicial de prisión preventiva por 36 meses por los casos OAS y Odebrecht.

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