Sociedad y Política

¿Prostitución o trabajo sexual?

por Ana Sofía Arango

La semana pasada, diputados de Morena anunciaron que buscarían regular el trabajo sexual en la Ciudad de México. Con ello, la despenalización, reemplazando el término “prostitución” por “trabajo sexual”, donde ejercer o invitar a la prostitución, de acuerdo a la ley de cultura cívica, es motivo de infracción.

Legislaciones de este tipo reflejan la ausencia de opciones para las mujeres pobres, haciendo que el trabajo sexual sea su única opción y fuente de ingresos. Sin embargo, la solución a un problema estructural y de lógica de dominación patriarcal, continúa siendo la regulación para desestigmatizar el problema cuando va más allá de la implementación de reglas de mercado sobre el cuerpo de las mujeres.

Las políticas implementadas deben ir más allá de una diferenciación entre la prostitución y el trabajo sexual, si tomamos en consideración la estrecha relación que la mayoría de las mujeres que forman parte del trabajo sexual son 862 mil 219 trabajadoras, de las cuales mil 532 son mujeres migrantes -cifras arrojadas por la Brigada Callejera, A.C-.

Si ante las cifras anteriores consideramos que la mayor parte de estas mujeres atendidas por dicha organización fueron objeto de trata de personas con fines de explotación sexual, y que se estima que la mayor parte de sus ingresos son destinados a hoteleros y funcionarios públicos, de nada sirve legislaciones que marquen la diferencia narrativa entre la prostitución o el trabajo sexual. Por ende, no se está considerando la situación sociodemográfica de dichas mujeres forman parte de este negocio redondo.

Es imposible implementar políticas para erradicar el problema de la explotación a través de la individualización del problema, es decir, no podemos considerar únicamente la penalización del lenocinio sin implementar medidas complementarias de educación sexual y perspectiva de género desde los más pequeños. No se trata únicamente de decriminalizar a las mujeres que, tristemente, se vieron obligadas a ejercer la prostitución sin medidas de acompañamiento e inclusión social.

No podemos basarnos en perspectivas simplistas que posicionan a la mujeres trabajadoras sexuales, asumiendo que “ellas están ahí porque quieren”, cuando las estadísticas comparten el mismo foco sociodemográfico de mujeres pobres, migrantes e indígenas. Urgen legislaciones estructurales que consideren que la prostitución es resultado de las desigualdades de género. El Estado, al regular estas prácticas, lo único que favorece es legitimar y reforzar dichas desigualdades.

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